Artículo publicado en El Cronista el 15-02-18
Luchar contra la deforestación, el trabajo infantil o la pobreza sistémica; proteger la biodiversidad; asegurar condiciones dignas de trabajo y de vivienda a los trabajadores y a los pequeños productores; establecer parámetros seguros para el uso de agroquímicos; velar por el uso sustentable del suelo.
Estos son algunos de los valores que, etiquetas como Global GAP, Rainforest Alliance, Bonsucro, Organic o Fair Trade, entre muchas otras, aseguran que cumplen los productos agroalimentarios que ellas certifican. Consumidores finales más sensibles, mercados más exigentes, productores conscientes del impacto de su industria hacen que las normas de sustentabilidad estén pasando de ser una estrategia diferenciadora, a convertirse en verdaderas barreras que condicionan la competitividad: si el producto en cuestión no es sustentable, no es viable.
Así, incorporarlas se convierte en una estrategia para permanecer y prosperar en los mercados y también para acceder a los más exigentes. Y el aliciente no es solo económico: estas normas promueven soluciones innovadoras hacia las cadenas de valor, que permiten aumentar la producción, mejoran la competitividad, garantizan buenas condiciones laborales para los trabajadores, a la vez que cuidan los recursos naturales y el equilibrio de los ecosistemas. «La mayoría de los estándares de sustentabilidad en el país son de carácter voluntario. Pero obviarlos puede tener consecuencias significativas en lo que respecta al acceso a determinados mercados y la capacidad competitiva de la compañía», explica Paula Bircher, encargada del área Sociedad y Empresa de CEADS, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible.
En todos los sectores
Dentro de los estándares más trabajados en el mercado local se encuentran las series de las normas internacionales ISO 9000, 14000 y la 26000 relativas a la Calidad, Gestión Ambiental y Responsabilidad Social. «Estas normas son implícitamente mandatorias pese a su carácter voluntario; debido a los resultados obtenidos a lo largo de los años son herramientas básicas para una adecuada y sistemática gestión de la calidad y de procedimientos de producción responsables», explica Bircher.
En lo que respecta a la comunicación de la triple-línea de base, el estándar GRI -Global Reporting Initiative- es la norma por excelencia: «85% de las empresas miembros de CEADS usa esta metodología y el resto publica su reporte bajo otras formas, lo que refleja que las reglas de juego establecidas por el mercado se vuelven más exigentes en torno a la transparencia y la sustentabilidad», dice Bircher.
GlobalGap, Sedex, FairTrade, ISO/FSSC 22000, en Alimentos y Bebidas; LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) y Green Building, en Construcción, Comercial y Oficinas; el Protocolo GHG, para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero en diversos sectores: todos los sectores poseen múltiples normas y sellos que certifican procesos y permiten el acceso a determinados mercados.
«Muchas empresas exigen estas políticas a su cadena de valor: desarrollan auditorías sociales para verificar el normal desarrollo de la actividad empresarial, especialmente en el marco de erradicación del trabajo infantil, derechos humanos, derechos laborales, salud, seguridad e higiene y compliance ambiental», explica Bircher para quien el desafío radica en que cada firma incluya en su propia estrategia de sustentabilidad los diferentes ODS a los que impactan de forma directa y concreta desde sus procesos productivos, aquellos que surgen a partir de su análisis de materialidad. Así, cada una debería apuntar a normas específicas que acompañe la naturaleza y los intereses intrínsecos de su sector.
Barreras a superar
La falta de recursos técnicos y económicos se encuentran entre las principales dificultades para la certificación de estas normas por parte de las empresas, más aun si son Pymes. «Requiere muchas veces de la contratación de personal externo para el asesoramiento y preparación del personal interno. Con la certificación ocurre lo mismo, pero este es un servicio que se debe contratar de forma anual», dice Bircher. El incentivo económico o de lograr nuevos mercados es fundamental para la especialista: «sin un atractivo comercial para trabajar en las normas, es muy difícil que se logre la asignación de presupuesto», reconoce.
Sin embargo, para Rosario Abramo, Communication manager de Solidaridad, una organización internacional sin fines de lucro, el principal desafío es «cultural»: asociando la norma a un premio económico -un mercado que esté dispuesto a pagar más por determinada norma- se pierden de vista los beneficios que se obtienen en el sistema de gestión.
«La norma estructura procesos productivos que hacen más competitiva a la empresa; su cumplimiento brinda un resguardo legal, mejora la relación con la comunidad, crea hábitos de registros que identifican cuellos de botella y de toma de decisiones más costo-eficientes en relación al manejo integral de plagas, la fertilización», explica.
La ONG que tiene casi 50 años de experiencia a nivel global en el desarrollo de cadenas de abastecimiento socialmente responsables, ecológicamente resilientes y rentables utiliza los estándares como sistema de gestión para organizar la mejora continua de asociaciones de productores y procesadoras y para que los productores, en algunos casos, alcancen normas que les permitan permanecer en el mercado. En el país trabajan en té, soja y caña de azúcar. «En té se apunta a certificar Rain Forest Alliance/UTZ, con la mira puesta en el mercado estadounidense y europeo; en caña de azúcar, Bonsucro y Global GAP; en soja, el estándar es RTRS», enumera Abramo.
La ONG se alía con el sector privado y público, para promover modelos que integran indicadores ambientales y sociales a la gestión del negocio de un modo viable para el productor. Así, se implementa la normativa legal de cada país y se orientan las acciones de responsabilidad social empresaria hacia un mayor impacto en términos de sustentabilidad. Solidaridad facilita la transición hacia una economía más sustentable desde el mismo mercado, trabajando en 13 de las principales cadenas de suministro que impulsan la industria y el comercio a nivel mundial como la soja, la ganadería, el aceite de palma, la caña de azúcar, el algodón, el cacao, el café, el té, la minería a pequeña escala, la acuacultura, las frutas, textiles y lechería en estrecha alianza, en cada segmento, con productores, comercializadoras, empresas y actores públicos.
Entre los logros en el país, Solidaridad cuenta con el desarrollo de una cadena de suministro sostenible de té en Misiones, importante por la relevancia del sector como fuente de ingreso para pequeños productores y por la posibilidad de establecer vínculos con mercados internacionales. Para 2013, el programa había ayudado a 360 productores y 300 trabajadores de procesadoras para implementar buenas prácticas agrícolas y de manufactura; los productores percibieron incrementos de 23 centavos por tonelada de té en dos años y 5 empresas y 2 cooperativas certificaron bajo la norma UTZ y Rain Forest Alliance un total de 1.750 hectáreas y 4.200 toneladas métricas de té. «En 2014 el modelo de negocio se replicó en yerba mate y a partir de 2017 se trabaja para escalar el modelo en té», cuenta Abramo.
Los pioneros
Solidaridad fue el socio estratégico con quien se alió Arcor para certificar su ingenio, La Providencia, bajo el estándar Bonsucro, convirtiéndose en el primer ingenio en Sudamérica fuera de Brasil en alcanzar esta norma. Para lograrla, se capacitaron en mejores prácticas laborales a 301 trabajadores, lo que se tradujo en 6.000 hectáreas bajo manejo sostenible.
Todas las bases industriales del Grupo cuentan con al menos una certificación, como por ejemplo ISO 14.001, OSHAS 18.001, BRC, FSC 22.000, como entre otras. El Grupo lleva a cabo el Programa Agro Sustentable, cuyo objetivo es garantizar la calidad, cantidad, inocuidad, responsabilidad ambiental y responsabilidad social de todas las materias primas utilizadas por Arcor. Así, también desarrollaron azúcar orgánico certificado bajo la norma USDA-NOP.
¿Cómo lograron certificar Bonsucro? El Proyecto Producción Sustentable de Caña de Azúcar, comenzó en 2010 cuando diagnosticaron las características de los productores de caña de azúcar que abastecen a La Providencia -el ingenio produce el 9% del azúcar total de Tucumán. En 2012, se contactaron con Bonsucro -una plataforma global que busca asegurar que la producción de azúcar genera valor para las personas, las comunidades, las empresas, las economías y los ecosistemas-, y recién en 2014 se generaron las condiciones para impulsar la certificación. Entonces, se analizaron los gaps a cubrir para alcanzar el logro. Se trabajó sobre esto y se logró certificar a principios de 2017. «No son procesos sencillos: se requiere una fuerte convicción y la colaboración de todos los involucrados para alcanzar el objetivo; el equipo es el principal factor de éxito de un proyecto como este para transformar el sector de la caña de azúcar en un ejemplo de gestión integral», dice Mariano Tamborini, gerente de Nuevos Negocios de Agronegocios.
El Proyecto de Producción Sustentable de caña de azúcar promueve la adopción de prácticas y técnicas sustentables en el sector azucarero de Tucumán. El proceso contempla diversas actividades como relevamientos, capacitaciones y asesoramiento a pequeños productores, la conformación de la Mesa de Caña de Azúcar Sustentable y las certificaciones previas del Ingenio la Providencia, entre las que se encuentran ISO 14001 y Global GAP.
Una norma, una oportunidad
Las organizaciones cuentan con diferentes estándares, normas y guías para poder transparentar su gestión en el ámbito de la sustentabilidad. Conscientes de la oportunidad que tienen las empresas de liderar el desarrollo de soluciones para un futuro sustentable, Manpower fue una de las firmas pioneras en implementar la Iniciativa de Reporte Global GRI, hace 12 años para medir y sistematizar el desempeño económico, social y ambiental. «Permite dar a conocer a todos los grupos de interés los avances y logros de cada año respondiendo -asimismo- a las expectativas de los públicos. Además, permite fijar objetivos para el corto, mediano y largo plazo», dice Valentina Rodríguez, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Públicos de Manpower. También siguen las directrices de la ISO 26000 de Responsabilidad Social, norma voluntaria, con el objetivo de ayudar a las organizaciones a establecer, implementar, mantener y mejorar los marcos o estructuras de Responsabilidad Social.
«Las certificaciones nacionales e internacional de sustentabilidad nos ayudan a adecuar nuestro proceso de producción a los estándares establecidos en el mercado, aspirar a nuevos mercados y realizar nuevos negocios, además de aportar valor agregado a nuestro productos», dice Thais Moraes, gerente de Relacionamiento con la Comunidad de Ball Corporation, productor de latas de aluminio del país y que invirtió el año pasado más de U$s 26 millones.
En el sector financiero
Los valores de integridad y la transparencia como parte del modelo de negocio son la base para operar en forma responsable y atraer inversiones, explican en Grupo Supervielle. La entidad adscribe a normas que apuntan a identificar, evaluar y gestionar los riesgos ambientales y sociales, por ejemplo, en relación con el otorgamiento de créditos. Según Atilio Dell’Oro Maini, director del Grupo, promueven el financiamiento responsable utilizando una metodología basada en ARAS (Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales) de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (LATF-UNEP FI). Otro asunto relevante en la sustentabilidad de las entidades financieras es el desarrollo de una cultura de integridad y transparencia. Como entidad que cotiza en la New York Stock Exchange (NYSE), Supervielle certificó la Norma SOX sobre sus estados contables. «Su finalidad es mejorar la calidad de la información financiera, evitar fraudes y riesgos de quiebra, protegiendo al inversor; su implementación local podría contribuir a la reinserción de Argentina en los mercados», dice Dell’Oro Maini.
Otro caso es el de Banco Galicia, es el único banco argentino adherido a los Principios de Ecuador que propone lineamientos para la gestión del riesgo ambiental. Esta iniciativa, surgida de la CFIconforma un compromiso voluntario para fomentar las inversiones sostenibles del sector privado. Con este marco de análisis y administración del riesgo ambiental evalúan proyectos en operaciones de «Project Finance», cuando el monto de inversión es igual o mayor a U$s 10 millones, así como a préstamos corporativos relacionados a proyectos de inversión en las operaciones de crédito de largo plazo, cuando el monto solicitado sea igual o superior a $ 100 millones. Se procura que en los préstamos ofrecidos los impactos negativos de aquellos proyectos con potencial de afectar ecosistemas sean, evitados, reducidos, mitigados o compensados.
Fuente: https://www.cronista.com/responsabilidad/Las-nuevas-reglas-de-juego-20180215-0002.html