#MiradaExperta
Por Sebastian Bigorito, director ejecutivo del CEADS
27 de abril de 2026

Plano Internacional
Formación de una nueva infraestructura normativa
La agenda de sostenibilidad atraviesa una fase de recalibración que implica fuertes adaptaciones a un contexto geopolítico fragmentado, fuerte presión competitiva y procesos regulatorios pendulares. Este proceso está dando lugar a la formación de una nueva infraestructura normativa que si bien tiende a la convergencia, su resultado estará lejos de un conglomerado homogéneo de normas, regulaciones y estándares.
Europa continúa siendo una referencia central, aunque atraviesa un proceso de ajuste de su andamiaje regulatorio — la flexibilización de los paquetes Ómnibus— orientado a moderar ambición con alta presión competitiva. En paralelo, Estados Unidos muestra señales de repliegues regulatorios en sectores clave y en competencias de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) como de la Security and Exchange Comission (SEC).
Asia, en cambio, avanza en esquemas más pragmáticos, con foco en requerimientos industriales en cadenas de valor, descarbonización en clave de eficiencia y capacidad de gestión ante riesgos físicos.
Si bien a nivel regulatorio el saldo es contractivo, no sucede lo mismo, al menos en la misma proporción, respecto de aquellas normativas cuyos efectos son de carácter netamente extraterritorial como por ejemplo el Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM) o bien Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR).
A este dinámico y complejo contexto regulatorio se suman otros vectores con dinámicas propias. Los organismos multilaterales de financiamiento —como IFC, Banco Mundial, BID o CAF— operan como un bloque normativo-financiero: no regulan directamente, pero condicionan el acceso a capital a través de sus estándares y salvaguardas. Por su parte, la OCDE actúa como un generador de estándares y un mecanismo de alineamiento institucional, particularmente relevante para países en proceso de adhesión como Argentina.
Mención aparte merece la evolución del marco IFRS/ISSB/NIIF en materia de divulgación / reporte, puesto que se motoriza a través un circuito propio de la comunidad financiera y las autoridades bursátiles, mostrando una dinámica más técnica y relativamente menos expuesta a la fragmentación geopolítica.
Si bien pueden identificarse algunas convergencias, una nueva infraestructura normativa y de estándares en materia de sostenibilidad parte de una base muy heterogénea. Un escenario probable será la coexistencia de diferentes bloques normativos, claramente no homogéneos, pero si en equilibrio.
Para las empresas, este escenario resetea la lógica de compliance: ya no se trata de responder a una única jurisdicción, sino de gestionar en simultáneo múltiples capas de exigencia y expectativas: en los países donde operan, en las plazas donde cotizan, en los sistemas donde se financian, en las cadenas donde compran y en los mercados donde venden.
Plano Territorial
Test de fricción en el territorio
Este nuevo equilibrio internacional encuentra rápidamente su primer test de fricción en el plano local. En Argentina, el debate en torno a la Ley de Glaciares funciona como un disparador que excede ampliamente el caso específico. Más allá de su contenido, lo relevante son los efectos colaterales que genera: el rol activo de organizaciones de la sociedad civil, la amplificación mediática y la consolidación de dinámicas de incidencia que combinan opinión pública, posiciones políticas, movilización y herramientas legales.
Empieza a gestarse un circuito donde determinadas agendas ambientales lideradas por ONG´s con renovada influencia, pueden ganar tracción y traducirse en propuestas legislativas, exigencias de participación efectiva y tensiones en territorio.
El resultado es un escenario en el que, mientras a nivel internacional se observa una tendencia a la recalibración y, en algunos casos, a la flexibilización regulatoria, a nivel local pueden emerger presiones en sentido inverso, impulsadas por dinámicas territoriales, sociales y políticas.
En este contexto, la sostenibilidad pasa a configurarse, ante todo, como una agenda de gestión del entorno. Esto exige a las empresas profundizar su trabajo en licencia social, lectura territorial, identificación temprana de tensiones y riesgos emergentes, capacidad de anticipación regulatoria y una gestión consistente de las diferentes partes interesadas.
